viernes, 16 de abril de 2010

BASE DEMOCRÁTICA

Todos los poderes fácticos de una democracia han de garantizar los derechos humanos.
Cada ciudadano ha de responder con sus hechos a una ley justa (legislada desde una representación de las necesidades reales de la mayoría de la sociedad). El perdón, la reconciliación y la amnistía nunca se pueden generar al margen de la justicia y de la prioridad de los derechos humanos, sino una vez que es verificable una igualdad de todos a no ser impunes y, por ello, a asumir sus deberes penales con la sociedad.
El “estado de derecho” y la “libertad de expresión” son esenciales para cualquier país civilizado y, más aún, para cualquier democracia; si por alguna circunstancia temporal quedan inhabilitados, lo más pronto posible deben ejercitarse y resarcirse los daños que ha ocasionado tal circunstancia, sobre todo por el gobierno directamente responsable en hacerlo.
Por último, todo ciudadano decide en una democracia con libre voluntad el ser parte de algo -es decir, vindicar o afrontar cualquier interés ante el riesgo de unas consecuencias-, como votar a un partido político, como integrar una asociación, como ayudar a una causa social, etc.; por lo tanto, la responsabilidad individual está por encima de la general. Sin duda, la “totalidad” en abstracción no es responsable de nada, sino la parte, las partes que no cumplen con sus debidas responsabilidades.
Es muy fácil culpabilizar a la sociedad o a tal partido político cuando, al mismo tiempo, tienes una implicación que no repara alguna responsabilidad... tuya.

viernes, 9 de abril de 2010


EL CUENTO DE LA PREVARICACIÓN

La prevaricación (proceder o abrir una causa judicial A SABIENDAS de que no tiene apropiada competencia o que, en el fondo, es injusta) entre otras cosas también es un juicio de intenciones con vinculación a la subjetiva -manipulable- interpretación de las leyes. Por eso, para que ésta sea judicialmente objetiva -o justificable- debe estar precedida -para demostrarla- por unos HECHOS de corrupción de una arbitrariedad “muy interesada” -porque se evidencie un motivo o un móvil para llevarla a cabo-.
Aún así, para que aquí exista una mínima equivocación, se ha de recurrir, claro, al espíritu mismo o sustento ético de la justicia -a una ontología ética- que es el permitir, siempre en el marco jurídico, todas las formas posibles -sin ser restringidas- para perseguir las más graves injusticias sociales. Es decir, los recursos judiciales de un país DEBEN PROTEGER la búsqueda y el perfeccionamiento -contra el involucionismo y el desamparo- ejercitivo de la misma justicia; y nunca ser lo contrario, infravalorando méritos en esa audacia de contrarrestar la impunidad, sino tolerando en lo posible esa búsqueda de proceder justamente ante las verdaderas necesidades o demandas de justicia para una mayoría social. Sí, se trata de poner los recursos judiciales al servicio del hacer un frente a las graves injusticias que ha padecido o padece la sociedad, no que el que eso intente -y más si nada gana a cambio en esa dilección- sea castigado o acusado fácilmente por prevaricación o incompetencia.
Es un error que el Tribunal Supremo no admita o no dé una prioridad a la audacia por buscar todas la posibilidades o todas las interpretables formas jurídicas porque se ejerza la justicia ante las grandes injusticias sociales demandadas, y dejándose llevar por facilismos de prevaricación que "no pueden existir" -por lógica- en quien YA HA DEMOSTRADO que perseguía -sin grandes beneficios parciales- algunos graves hechos injustos aún impunes.
An Injustice in Spain
http://lanucia.superforos.com/viewtopic.php?p=33469&sid=f427d4b3bb4a450632f29e5556abbed8